La hora del juicio para el caso Franco Casco
Página 12- 6 de diciembre de 2021
Por Lorena Panzerini
Un tribunal federal juzgará desde hoy a 19 policías de la provincia acusados de tener diferentes grados de participación en la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, por quien su familia reclama justicia desde hace más de siete años. La mayoría de los agentes prestaba funciones en la Comisaría 7°, donde el joven de 20 años fue detenido y visto por última vez. Durante este mes se realizarán tres jornadas de audiencia y el debate retomará en febrero, cuando comenzará la producción de la prueba que tiene previstos más de doscientos testimonios. "Esto es coronar un proceso de lucha que empezó Elsa, la madre de Franco (fallecida en 2016), desde una plaza de barrio Ludueña, donde llegó con una foto de su hijo para pedir ayuda", recordó el querellante Guillermo Campana sobre el devenir de un proceso "colectivo" de búsqueda de justicia que se llevó adelante en las calles y en los tribunales.
La familia de Franco no llegará sola a la instancia más esperada en el reclamo de justicia. Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional convocaron a diferentes organizaciones a los Tribunales Federales de Oroño al 900 para acompañarlos. Al mismo tiempo, recordaron que Casco llegó a Rosario desde Florencio Varela a fines de septiembre de 2014 para visitar a familiares en el barrio Empalme Graneros. "El 6 de octubre quiso emprender el regreso a Buenos Aires y fue detenido arbitrariamente por la policía santafesina (en la comisaría 7°). Fue torturado, asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná", donde fue encontrado semanas después, resumieron sobre el caso.
La lista de acusados está encabezada por el entonces comisario de la seccional séptima, Diego Álvarez, seguida por agentes, cabos, sargentos y oficiales. Las imputaciones tienen que ver con diferentes responsabilidades del delito de desaparición forzada agravada por la muerte de la víctima; encubrimiento y participaciones secundarias. En la elevación de la causa a juicio, Fiscalía consideró “que se encuentra acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad de Franco Ezequiel Casco, negaron información sobre las circunstancias de su detención, ocultaron su paradero y obstaculizaron su búsqueda, resultando de ello la muerte de la víctima. Conductas éstas que resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de persona".
Campana resumió lo que se investigó en la causa: "El 6 de octubre se dirigía a tomar un tren que salía a la medianoche hacia Florencio Varela cuando fue detenido por policías que lo sometieron, dentro de la comisaría, a torturas mediante golpes, baldazos de agua fría, insultos. Entendemos que falleció en esa situación y que luego intentaron instalar un procedimiento en relación a él que tenía manifiestas irregularidades, inconsistencias y contradicciones. Recién reconocieron la detención el 8 de octubre, cuando Ramón fue a la seccional", recordó sobre los días previos a que el cuerpo del joven fuera encontrado en el río.
Luego de un extenso proceso, el abogado señaló que el juicio significa "coronar un proceso de lucha que se inició cuando conocimos a Elsa, que estaba en una plaza de Ludueña, con una foto de su hijo, preguntando si alguien la podía ayudar. Empezamos a acompañarla muchas organizaciones que se sumaron a denunciar que era un hecho grave y que había personal de la comisaría involucrado; y a Elsa esto le llevó la vida", recordó Campana sobre el sufrimiento de la madre.
El querellante recordó que por esos días "el Ministerio Público de la Acusación instruyó las medidas 16 días después que se supiera que Franco había estado detenido en la comisaría 7°".
"Esperamos que se pueda demostrar qué sucedió, descubrir la verdad jurídica de lo ocurrido, que se pueda identificar a los responsables, que haya sanción para ellos y que eso signifique una reparación desde lo simbólico para la familia, porque obviamente hay una cuestión irreparable. También que sea un aporte a que haya justicia y que estas cosas no puedan suceder. Esperamos que sea la culminación de un proceso colectivo de muchas organizaciones y de la lucha de la familia", sostuvo.
Por otro lado, días atrás se solicitó la elevación a juicio de un vecino del barrio Luis Agote, donde está ubicada la comisaría. Según se indicó, la Fiscalía Federal Nº 1 apuntó al delito de falso testimonio para el hombre de 59 años, por considerar que brindó datos falsos. Además, continúa el trámite sobre una médica policial y odontólogos que realizaron informes de pericias. También, el Ministerio de Seguridad denunció el año pasado el uso de fondos públicos para la defensa de agentes acusados de encubrimiento, entre 2017 y 2018.
Fuente: Página 12