"A los sitios de memoria hay que gestionarlos y el responsable es el Estado"
La Capital - 10/02/2019
La provincia prepara anuncios para el próximo 24 de marzo en relación al predio de La Calamita. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Por Eugenia Langone
"Los sitios de memoria son la materialidad, lo poco que queda de la materialidad del genocidio", dice Viviana Nardoni, directora del Museo de la Memoria, pero contrapone inmediatamente: "No pueden ser sitios muertos. Hay que gestionarlos, llenarlos de contenido y esa es una responsabilidad el Estado". Sobreviviente de los centros clandestinos de detención La Calamita y el ex Servicio de Informaciones (SI) durante la última dictadura cívico militar, e integrante de la Red Argentina de Sitios de Memoria, dejó en claro la necesidad de "resolver antes de fin de año" el destino de la esquina de San Lorenzo y Dorrego, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la provincia y por donde pasaron unos 2 mil detenidos desaparecidos. "Es nuestra Esma", dijo para poner en blanco sobre negro la magnitud de lo que allí sucedió, y planteó: "Hay que ser serios, tomar decisiones políticas y gestionar".
Los destinos del ex Servicio de Informaciones volvieron a ponerse en debate esta semana cuando las obras de remodelación y restauración del edificio de Gobernación de la provincia (Santa Fe 1950) avanzaron sobre el espacio donde funcionó el SI y la voz de las organizaciones de derechos humanos, nucleadas en la multisectorial Espacio Juicio y Castigo, se alzó exigiendo que detengan.
Es que el lugar que fue recuperado por la provincia durante la gestión de Antonio Bonfatti como gobernador y donde se llevó adelante un metódico proyecto de preservación a manos de la arquitecta, experta y especialista en espacios de memoria, además de perito en los juicios a los genocidas, Alejandra Buzaglo, no sólo lleva tiempo cerrado y a la espera de un proyecto de gestión, sino que además se avanzó con tareas que la propia Buzaglo calificó de "una terrible torpeza" (ver aparte).
—Como ex detenida desaparecida, como historiadora, especialista y directora de un sitio de memoria, ¿cuál es la importancia de preservar estos espacios?
— La importancia de la permanencia de los sitios de memoria es absoluta. Su preservación y la gestión pública de estos espacios hacia afuera es fundamental porque son la materialidad, lo poco que queda de la materialidad del genocidio. Para los sobrevivientes, vayas o no, el sitio está ahí y contiene el momento de tu vida donde estuviste al borde de la muerte, esas experiencias al límite de la condición humana. Además tienen un rol central en los juicios a los genocidas que se están aún llevando adelante, como en estos días en Rosario, porque por allí pasan testigos, jueces y fiscales a hacer reconocimiento de los diferentes espacios. Y claro que también es importante para los familiares y para los jóvenes, que puedan acceder, porque dan una visión más acabada de la historia y de lo que allí pasó. Por todo eso hay que preservarlos, pero también gestionarlos.
—¿Qué significa gestionarlos?
—Gestionarlos va más allá de la arquitectura y la preservación. No pueden ser sitios muertos. Este Museo de la Memoria también es un sitio de memoria, con otras características porque no fue un sitio de exterminio y permite otro tratamiento, tiene una gestión clara y mucho para articular lo que sea la futura gestión del SI. En el caso de la Esma, que es un espacio pensado de manera seria y consciente, llevó mucho tiempo y hoy tiene espacios claros y delimitados. Todo ese extenso debate culminó en la elaboración de la ley nacional de preservación y señalización de sitios de memoria de derechos humanos, y esa es la herramienta a la que hay que atenerse. Como se indica allí, el camino es llamar a concurso y armar un equipo de gestión, pensar en un proyecto.
—¿Ese proyecto es lo que falta en el ex Servicio de Informaciones?
—El Estado tiene que hacerse cargo de la agenda de los organismos de derechos humanos, y si lo hace, tiene que hacerse cargo y resolver el tema más allá de la arquitectura, hablamos de la política, de qué hacer con eso. No creo en absoluto que el Estado provincial tenga intenciones de borrar la memoria, porque ha dado sobradas muestras de compromiso, y también la gestión municipal. Pero está claro que este lugar amerita una política clara de acciones, fue el más grande centro clandestino de detención de la provincia, fue nuestra Esma. Hablo de que sea un espacio abierto, de pensar allí actividades, de pensar cómo la comunidad se involucre y no reconozca, y no basta con visitas escolares. Hay que hacer formación docente, hay que lograr que el lugar no se olvide. Y si siempre miramos hacia afuera, hace poco Alemania decidió destinar 4 millones de euros para que los estudiantes alemanes recorran todos los sitios que fueron campos de concentración durante el nazismo y no sólo los que están en Alemania, sino los que están en Polonia, en Hungría y otros países. Esa es una decisión política.
Una labor de arqueólogo y no de restaurador
"Todo lo que se hace en forma irreversible es documento que se pierde y pone en riesgo la memoria histórica". Así, la arquitecta Alejandra Buzaglo habló de la "gravedad y la negligencia" de las intervenciones en el ex centro clandestino del Servicio de Informaciones (SI). Su opinión no es cualquiera. Buzaglo es docente en la Facultad de Arquitectura de la UNR, doctora especializada en memoria y perito en los juicios de lesa humanidad. Habló de "la torpeza y la negligencia" con la que se avanza en el sitio, y dijo: "Revocar el frente es como querer revocar una pirámide en México porque se cayó una piedra".
Encabezó la recuperación del espacio en 2014, y fue la responsable del proyecto y la obra. "Esa labor llevó horas con sobrevivientes, familiares y organizaciones, todos portadores de saberes imprescindibles para recuperar el lugar", recordó.
Aclaró que su especialidad es parte de la arquitectura, pero que el tratamiento de los sitios "se aproxima más a los procedimientos arqueológicos que a la restauración", y agregó: "Este es un patrimonio diferente a como lo entiende la provincia".
Si bien su relación con la gestión terminó con el fin de los trabajos, sigue vinculada a la comisión asesora que integran las organizaciones de derechos humanos y funcionarios del Ejecutivo. "Sé del abandono en que se encuentra", señaló, y apuntó a "la falta de presupuesto y gestión para el lugar".