Pidieron la detención de 26 militares en la causa por torturas a soldados en Gran Malvina
Télam - 16/05/18
La Fiscalía Federal de la ciudad fueguina de Río Grande pidió la detención de 26 militares en la causa que desde hace más de una década investiga a oficiales y suboficiales por torturas y otros crímenes de los que fueron víctimas soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas en 1982. El fiscal federal Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, requirió la detención e indagatoria de 26 militares acusados de 22 hechos de vejámenes. Es la primera vez que se piden detenciones por hechos que para el fiscal constituyen "crímenes de lesa humanidad (...) parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra jóvenes reclutados y trasladados a la guerra del Atlántico Sur".
Entre los oficiales y suboficiales de diverso grado militar requeridos por la Fiscalía, el de mayor rango es el general retirado Omar Edgardo Parada, uno de los jefes militares para los que pidió sanciones por su actuación en Malvinas el Informe Rattenbach (por quien presidió la comisión de investigación, el teniente general retirado Benjamín Rattenbach) elaborado poco después de finalizado el conflicto.
En una entrevista periodística en 2012, el ex jefe del Ejército Martín Balza recordó esas recomendaciones de la Comisión que encabezó el general Benjamín Rattenbach y agregó -como veterano de la guerra de 1982- que en Malvinas "el general Omar Parada no fue a visitar nunca a su tropa a Pradera del Ganso. Su tropa combatía allí".
En la acción penal impulsada por el fiscal Rapoport se investigan delitos cometidos en la isla Gran Malvina, "específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú" que encabezaba el Regimiento de Infantería 5, dependiente de la III Brigada de Infantería, cuyo jefe era Parada.
"La aplicación generalizada de tormentos a la tropa resultó entonces la represión ilegal con la que las autoridades militares hicieron frente a los actos desesperados con los que los conscriptos -verdaderas víctimas de la hambruna, tal como antes se explicó- reaccionaron ante tremendas penurias", señaló la Fiscalía en el extenso escrito al que accedió Télam.
En ese marco, recordó la obligación internacional del Estado argentino de investigar este tipo de crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos incorporados a la causa.
"Se trata de crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que, desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos", argumentó.
La causa tramitada en Río Grande es la número 1777/07 caratulada "Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública" y surgió partir de los testimonios de soldados tras regresar de la guerra.
El expediente se originó en 2007 con la presentación de más de 20 testimonios de ex soldados conscriptos reunidos por Pablo Vassel, en esa época secretario de Derechos Humanos de Corrientes, quien formuló una denuncia ante la Justicia Federal.
"De estos 23 testimonios originales, los soldados me manifestaron haber sido víctimas de torturas o testigos de torturas a sus camaradas y varios me referían la muerte por hambre de tres soldados correntinos", dijo hoy Vassel a Télam.
"Presenté esta investigación en abril de 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, bajo el eje de memoria, verdad y justicia, y también, el eje de soberanía, porque un juez argentino intervenía con competencia sobre territorio argentino en Malvinas, por crímenes cometidos contra soldados argentinos", explicó.
Así comenzó la investigación que sumó ya más de 120 testimonios y muchos casos de víctimas de distintos regiones del país que se fueron sumando a la denuncia original.
Información oficial fue aportada como prueba en 2015, a partir de informes militares que fueron desclasificados a través del decreto 503/2015 suscripto por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
De esos informes "surge una enorme cantidad de nuevos casos de tortura, porque por normativa militar todos los oficiales y suboficiales estaban obligados a hacer informes, y al regreso de Malvinas muchos de ellos hablaban de maltrato a la tropa, de los vejámenes".
En octubre del año pasado, la Comisión Provincial de la Memoria bonaerense, que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se presentó como parte querellante, dentro de una iniciativa conjunta con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim-La Plata) que ya es querellante en el mismo expediente.
"Le planteamos claramente al secretario del juzgado que la única responsabilidad de que este caso siga impune es de la Justicia Federal de Río Grande, porque existe abundante prueba testimonial y documental a partir de la desclasificación de archivos de la dictadura producida en 2015, como para producir al menos las indagatorias", afirmó por entonces Ernesto Alonso, referente del Cecim.
Según Alonso, en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados por su presunta responsabilidad en esos hechos.
Alonso celebró los pedidos de detención librados contra 26 militares y consideró que se trata de "un gran paso en el camino de la memoria, la verdad y la justicia".
"Es una gran noticia y celebramos que la causa, después de 11 años de haberse presentado las primeras denuncias, comience a activarse. Es un gran paso en el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que llega 36 años años después de la Guerra de Malvinas", señaló.
El pedido de detención formulado por el fiscal Rapoport contó con el apoyo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), y para el Cecim --que oficia como querellante en el expediente—los pedidos de atención "marcan el camino para que se abra una megacausa por las torturas" que suboficiales y oficiales de las tres armas cometieron contra los soldados.
"El fiscal aplicó el criterio de la línea de mando y se remitió por ahora a un sólo regimiento. Lo que pasa que hay muchos más casos y hechos denunciados y por eso decimos que puede tratarse de una megacausa", explicó.
La presentación del Ministerio Público Fiscal se refirió a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, dónde se desplegó el Regimiento de Infantería V, que formaba parte la III Brigada de Infantería y que estaba compuesta por cinco compañías de soldados.
La primeras denuncias de esta causa comenzaron en 2007, en los tribunales federales de Río Grande, que por una cuestión de jurisdicción –la Constitución Nacional establece que las islas son parte de la provincia de Tierra del Fuego-- se hizo cargo de la investigación.
En la actualidad, este expediente tiene 120 denunciantes y 95 imputados, y en 2015, un fallo de la Corte Suprema determinó que Cecim presentara una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El máximo tribunal entendió que una de las denuncias por abusos contra el ex militar Jorge Eduardo Taranto que figuraban en la causa había prescripto.
En función de ese fallo, los excombatientes estimaron que la causa podía caerse, y presentaron un pedido ante la CIDH para que el Estado argentino active las investigaciones.
El pasado 7 de de este mes, en la ciudad de Santo Domingo, la CIDH celebró una reunión de trabajo con los representantes del Cecim y los funcionarios del Estado argentino para llegar a "una solución amistosa".
Las partes quedaron en que mantendrán ahora un nuevo encuentro en Buenos Aires, en la cual el Poder Ejecutivo deberá dar una respuesta sobre el pedido de "reparación" formulado por los ex combatientes en relación a la causa por los abusos sufridos por los conscriptos movilizados durante la Guerra de Malvinas.
"Creemos que todas las acciones que impulsamos van en el sentido de que se haga justicia con los soldados. Nos presentamos en la CIDH para que esta investigación no se caiga. Ahora, como querellantes acompañaremos estos pedidos de detención y seguiremos de cerca todos los avances que se produzcan en el expediente", apuntó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del Cecim.