Ante el editorial de El Litoral titulado «Derecho, no venganza»
Comunicado del Museo de la Memoria de Rosario ante el editorial Derecho, no venganza del diario El Litoral, de Santa Fe, publicado recientemente, en el cual, basándose en datos que no se corresponden con la realidad, se fundamenta una crítica a los procesos judiciales en los que se han juzgado y se juzgan todavía a responsables de delitos de lesa humanidad.
Museo de la Memoria de Rosario
También en este caso, como en el editorial del diario La Nación, se descalifican y desvirtúan los enormes sacrificios personales y grupales con que los integrantes de los organismos de derechos humanos han jalonado su exitosa lucha por preservar la memoria, lograr justicia y alcanzar la verdad.
Para aportar certezas sobre la información difundida por el diario santafesino, informamos que, entre 2006 y lo que va de 2015, 613 personas fueron sentenciadas en procesos por crímenes de lesa humanidad: 563 resultaron condenadas y 50 fueron absueltas. El estado de situación muestra que hay un total de 456 expedientes en trámite en todo el país. Entre éstos, hay 16 juicios en curso y 120 causas próximas a debate. Las víctimas judicializadas en todo el país son más de diez mil. Y existe un total de 889 procesados que aún no fueron condenados y otros 247 que ya fueron juzgados en otras causas.
Las cifras son el resultado del relevamiento actualizado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal general Jorge Auat y con la coordinación de Carolina Varsky, en base a los informes remitidos por los fiscales de todo el país que intervienen en estos procesos.
Estas opiniones de dos influyentes diarios, forman parte de una avanzada que intenta frenar el castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país por el terrorismo de Estado como parte de un plan sistemático que fue política pública en nuestro país, donde la desaparición forzada de personas, la aplicación sistemática de la tortura en centros clandestinos y “legales” de detención, el robo de bebés, el saqueo de bienes y la imposición de políticas de hambre y exclusión sin precedentes es lo que quedó en la historia de esos siete años.
En esta oportunidad, se pretende impulsar una polémica sobre una supuesta parcialidad de los Tribunales, que emitiría sus fallos por venganza, dejando de lado el derecho. Basta acercarse a los testimonios de sobrevivientes para comprobar lo terrible y extremo de sus experiencias para comprender la dimensión de esta feroz política represiva. No se puede hablar de venganza, de parcialidad, de falta de Justicia después de conocer el entramado de cada uno de esos relatos.
Y mucho menos, se puede arrojar sospecha sobre el accionar de los organismos de derechos humanos, ejemplo en todo el mundo por su trabajo dentro de la legalidad y las instituciones del país.
La Corte Interamericana de DDHH, en el año 1992, ordenó al Estado argentino investigar estos crímenes, sancionar a los responsables y reparar a sus víctimas. En cumplimiento de esa premisa, estamos en condiciones de afirmar que la justicia no es negociable. Que es impensable una sociedad democrática en el siglo XXI basada en la impunidad de los crímenes aberrantes que la humanidad toda pudo imaginar. Por eso son calificados de lesa humanidad, por eso son imprescriptibles, por eso no son negociables.
No hubo un solo hecho de venganza privada a cuatro décadas de los hechos hoy enjuiciados. Creemos en la justicia y no en la venganza, creemos en un futuro con memoria.