Señalizaron la Escuela Magnasco como sitio de memoria
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y el Museo de la Memoria de Rosario, señalizaron a la escuela técnica Nº 288 “Osvaldo Magnasco” de la ciudad de Rosario como lugar donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar.
La Magnasco, un fugaz y tenebroso centro clandestino de detención. Foto Francisco Guillén
Organizado junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe –por intermedio de su Secretaría de DDHH– y el Museo de la Memoria de Rosario, el acto contó con la presencia de alumnos de la escuela, funcionarios nacionales y provinciales, sobrevivientes, familiares de detenidos-desaparecidos, organismos de derechos humanos y agrupaciones gremiales, políticas y sociales.
Durante el acto hablaron Sabrina Gullino -cuya madre biológica, Raquel Negro, estuvo detenida ilegalmente mientras estaba embarazada en ese CCD- y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe y del Ministerio de Educación provincial. Finalizada la presentación, se descubrió una placa en la entrada del establecimiento que dice: “En esta escuela funcionó un centro clandestino de detención en el marco del plan sistemático de terror y exterminio implementado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Junto a los centros ilegales La Calamita y la Fábrica de Armas Domingo Matheu, esta escuela integró un circuito represivo subordinado al Batallón 121 de Rosario”.
La Escuela Magnasco
En la Escuela Técnica N° 288 funcionó un centro clandestino de detención, en el marco del plan sistemático de terror y exterminio implementado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Según consta en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, entre enero y febrero de 1978 estuvieron secuestrados hombres y mujeres (una de ellas embarazada), perseguidos por su militancia política, social y sindical. Los detenidos fueron hacinados en un salón ubicado en la planta alta de la escuela, donde sufrieron todo tipo de torturas.
El período de funcionamiento –alrededor de 20 días durante el receso escolar– comenzó el 19 de enero de 1978, cuando un grupo de secuestrados fue trasladado desde la Quinta de Funes hacia la Escuela, tras el fracaso de la denominada Operación México. A partir del testimonio del único sobreviviente, se sabe que luego fueron llevados hacia otro inmueble conocido como La Intermedia, donde fueron asesinados.
Junto a estos dos centros ilegales, La Calamita y la Fábrica de Armas Portátiles Domingo Matheu, la Escuela Magnasco integró un circuito represivo subordinado al Batallón de Comunicaciones 121, de Rosario.
Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en este circuito, se realizaron dos juicios orales en la ciudad de Rosario, en los que se condenó a 17 represores en 2010 y 2013, entre ellos los máximos responsables del Destacamente de Inteligencia 121 del Ejército, Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña y Marino Héctor González, sentenciados a prisión perpetua.
La política nacional de señalizaciones
La señalización de los ex centros clandestinos de detención y otros sitios de memoria del terrorismo de Estado hace visible el impacto del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico-militar en todo el país y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar estos crímenes, impulsar el juzgamiento de sus responsables y aportar al reconocimiento y la reparación a las víctimas.
En aplicación de la ley N° 26.691 y a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación articula la gestión de políticas públicas de memoria entre el Poder Ejecutivo Nacional y las áreas estatales de derechos humanos provinciales y municipales de todo el país, con eje en la preservación y difusión de estos sitios por su valor testimonial y judicial, así como en la creación y el sostenimiento de espacios públicos destinados al debate y la construcción colectiva de la memoria y la promoción de derechos.