Proceso para los represores
Diario Rosario12 - 09/11/2014
El juez Reinaldo Rodríguez, decidió los procesamientos por crímenes de lesa humanidad.
Por Juan Carlos Tizziani, desde Santa Fe
La matanza y los secuestros se produjeron entre octubre de 1976 y abril de 1977. El juez de la causa procesó a un coronel y a diez policías por los graves hechos. Entre ellos hay un comisario, Luis Bellini, que después llegó a ser jefe de la Unidad Regional I.
El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó a un coronel y a diez policías en una causa que investiga la masacre de once montoneros y el secuestro y torturas de otros cuatro, entre octubre de 1976 y abril de 1977. El militar era el subjefe del Destacamento de Inteligencia 122, Jorge Roberto Diab y seis policías integraron un grupo de tareas en el Comando Radioeléctrico, entre ellos el comisario Luis Alberto Bellini, quien –veinte años después– llegó a ser jefe de la Unidad Regional I, cuando efectivos a su mando reprimieron a trabajadores del Banco de Santa Fe que resistían la privatización, en 1996. Diab es uno de los cuatro coroneles que están imputados en la investigación; los otros dos: Carlos Enrique Pavón y Roque Angel Martello, fueron detenidos e indagados hace una semana, pero aún falta localizar al cuarto, a quien agentes de la Policía Federal buscaron en su domicilio en Buenos Aires, pero no lo encontraron, así que el juez libró una orden para evitar que saliera del país.
En una resolución de 118 fojas, el juez Rodríguez consideró a Diab "partícipe necesario de los delitos de homicidio doblemente calificados" de los once militantes peronistas: Luis Alberto Fadil, Alicia Ramírez y Mario Galuppo (asesinados el 6 de octubre de 1976), Nilda Peters (el 22 de octubre), Luis Eduardo Goicochea (el 27 de octubre), Yolanda Ponti (el 1º de diciembre), Nora Meurzet y Antonio Mendicute (el 3 de enero de 1977), Marcelo Acoroni (el 4 de enero), Osvaldo Seggiaro (el 19 de enero) y Nilda Elías (el 11 de abril). Y lo acusó por la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" de los otros cuatro: Mario Rossler, Eduardo Almada, Reinaldo "Chino" Benítez y Cristina Castelví.
Los otros dos coroneles deben responder por algunos de esos crímenes, pero el juez aún no resolvió su situación procesal. Pavón está acusado por los homicidios de Fadil, Ramírez y Galuppo y Martello por los asesinatos de Meurzet y Mendicute. Mientras que el cuarto, que aún no fue localizado, por la persecución y muerte de Ponti.
Los diez policías procesados son los comisarios Juan Calixto Perizzotti (ex coordinador del Area 212), Ricardo Ferreyra (ex jefe de la comisaría 4ª, pero en la causa está imputado por un hecho anterior cuando era subjefe de la comisaría 1ª), Jorge Alberto Patricio Villalba (ex jefe de la comisaría 7ª), Juan Carlos Baez (ex oficial de la comisaría 5ª). Y seis integrantes del Comando Radioeléctrico: Bellini, Rubén Angel Vázquez, Abel Antonio Romero, Carlos Héctor Albornoz, Roberto José Martínez Dorr y Raúl Giménez. Aún falta localizar a otro comisario que formaba el mismo grupo de tareas.
El juez procesó al ex jefe de la comisaría 7ª, Villalba y a cuatro policías del Comando Radioeléctrico: Bellini, Vázquez, Romero y Albornoz por los "homicidios" de Fadil, Ramírez y Galuppo. Un hecho que en la indagatoria también reprochó al coronel Pavón. Mientras que imputó a Martínez Dorr y a Giménez los "homicidios" de Meurzet, Mendicute y Acoroni. En tanto, acusó a Baez por el asesinato de Peters; a Perizzotti por el secuestro y torturas a Rossler y a Ferreyra por la "privación ilegal de la libertad" y "tormentos" a Benítez.
Los represores son investigados por su participación en operativos que los "comunicados" de la dictadura presentaban como supuestos "enfrentamientos", pero que el fiscal federal Walter Rodríguez logró probar que eran ejecuciones sumarias. "Las pruebas obrantes en la causa" revelan que el "contenido de los comunicados" eran falsos, dice la resolución del juez. "En la época en que tuvieron lugar los hechos que se investigan, el régimen militar ejerció un dominio absoluto sobre la prensa, todo lo cual formó parte de las prácticas de ocultamiento" del terrorismo de estado y "la modalidad asumida de generar enfrentamientos inexistentes", agregó.