Identificaron el cuerpo de Luciano Arruga: estaba enterrado como NN

Infojus Noticias - 17/10/14

"La familia hace apenas dos horas supo de la noticia", dijo Horacio Verbitsky, titular del CELS en la conferencia de prensa que se desarrolló en la sede del organismo. "Hoy fue identificado el cuerpo de Luciano Arruga, seis años después de su desaparición. Hubo desidia absoluta para llegar a la información que hoy tenemos, que es insatisfactoria. Ni para la familia ni para el CELS cierra el caso. Fue a partir del habeas corpus, que algunas acciones se pusieron en marcha para identificar el cuerpo". Lo acompañaron la mamá de Luciano y la hermana, Vanesa Orieta, que se puso al hombro durante seis años la búsqueda.

"Luciano había estado secuestrado en la comisaría de Lomas del Mirador y ahí se habían tomado las huellas dactilares", agregó el titular del CELS. Y agregó: "Según la constancia de la causa, la misma noche de su desaparición, Luciano fue atropellado por un auto en General Paz y Guido Castro. En ese lugar hay un destacamento de la Policía Bonaerense. El que tiene que cruzar para el otro lado, no cruza por ahí. Esto va a ser motivo de investigación para el juez federal Salas, que ha sido el primer juez que ha actuado a la altura de un magistrado, que tomó una serie de medidas que nadie tomó antes".

"El chico fue atropellado tres horas después de su desaparición. Lo llevó una ambulancia del SAME al Hospital Santojanni. Su familia fue ese día al hospital. ¿Por qué en el Santojanni no le dieron ninguna explicación? Allí se tomaron huellas dactilares, fotografías, que son los materiales que permitieron llegar a esta conclusión. Hubo y sigue habiendo sospechas sobre la Policía Bonaerense", dijo Verbitsky.

Y señaló: "Hay interrogantes que siguen pendientes y que de ninguna manera cambian los hechos, como la tortura que escuchó la hermana en la comisaría y la extorsión que la policía actuaba sobre este chico y tantos otros varones de los barrios populares, que amenazaban para que roben para ellos. Es una práctica generalizada, no solo en la provincia de Buenos Aires, sobre jóvenes varones pobres. Esto ha sido denunciado, incluso, por un fiscal y magistrados distintos, como el juez Arias. Los resultados de las investigaciones deberían haberse resuelto mucho antes."

Verbitsky agregó: "A él lo atropellaron del lado de Capital, muy cerca de donde lo vieron por última vez. Esto requiere de una explicación que nosotros vamos a tratar de darle a la familia y a la sociedad. Esto demuestra la discriminación institucional sobre las familias pobres de jóvenes varones. Esto no hubiera sucedido si la víctima era de clase media porteña. La investigación que hemos desarrollado desde el CELS demostró las irregularidades. La aparición del cuerpo marca el inicio de la verdad y de las responsabilidades implicadas en su desaparición. La familia ha sido maltratada por el encubrimiento".

"Este día es muy triste y pone fin a un tipo de incertidumbre pero que abre paso a otro tipo de incertidumbre sobre la Policía Bonaerense. A la familia le costó mucho hacerse escuchar por las características sociales de la víctima. Es parte de esa violencia institucional. Pero a partir de un momento de la causa sí empezó a haber repercusiones, de la APDH de La Matanza, del CELS y de otras organizaciones. Y sí se logró romper el muro de silencio", concluyó el titular del CELS.

"Quiero agradecer a mis compañeros, a mi familia. Vencimos. Eso es lo primero viene a la mente. Vencimos a la desidia, vencimos a la impunidad, vencimos con el caso de Luciano", dijo Vanesa Orieta, la hermana de Luciano". "A mí me falta terminar de completar la etapa previa de este proceso de investigación, que se termina cuando se determine que ese cuerpo es mi hermano. Si es así logramos el objetivo: lo encontramos. Ahora vamos a descansar", agregó.

"Cinco días después de desaparecido mi hermano, presentamos un habeas corpus y fue rechazado por el juez Blanco. Esto se podría haber resuelto antes. Estuvimos cinco años y 8 meses golpeando puertas para que se visibilice la causa". "Esto no termina acá. Recién empieza porque necesitamos saber la verdad. Necesitamos aclarar este panorama. Los únicos que podemos aclararles somos nosotros. Remitánse a nosotros, los familiares de Luciano. Nosotros vamos a seguir, esto ya no tiene que ver con Luciano. Los pobres tenemos derechos. Necesitamos hacer el duelo, es justo y necesario, dijo Vanesa.

Vanesa contó que apenas se enteraron a pagaron el celular. "Lo importante es denunciar que existió de parte de la Policía Bonaerense. Lo importante es decir que el Estado en su conjunto en ese momento no dio resultados. Si nosotros no nos hubiésemos movilizado, no hubiéramos encontrado a Luciano. Acá hay responsabilidad policial, judicial, funcionarios políticos. Todos son responsables. Ahora podemos encontrar una respuesta. Eso no borra cinco años y 8 meses. Cuando necesitamos ser acompañados no existió tal acompañamiento.”

Una historia de violencia

El final de Luciano comenzó a hilvanarse en 2007. Fue con las movilizaciones para reclamar un nuevo destacamento policial, que había motorizado la agrupación Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi). Eran las movilizaciones para pedir “seguridad”, a secas, sin mayores profundidades. Lograron tener una dependencia propia, bajo la órbita de la Comisaría 8 de La Matanza, y allí se fue reuniendo el grupo policial que reclutaba pibes pobres para salir a robar en zonas previamente liberadas. Eran todos menores de edad. A Luciano le ofrecieron sumarse pero se negó. Lo detuvieron varias veces y la última lo convirtieron, durante más de cinco años, en un desaparecido.

Luciano Arruga tenía 16 años y vivía en el barrio 12 de Octubre. Es un barrio humilde, una villa pequeña, organizada por pasillos casitas de material. Los barrios de enfrente son de clase media. Algunas casas tienen más de una planta y autos de alta gama. Allí se incubó Valomi, impulsada por Gabriel Lombardo, que impulsó la candidatura de Francisco de Narvaez en la zona y participó del corte de cinta que dejó inaugurado el nuevo destacamento.

En ese mismo lugar, se reunieron los policías que detuvieron a Arruga al menos dos veces. Una vez fue el 22 de septiembre de 2008. Ese día lo golpearon casi delante de Vanesa Orieta, su hermana, y Mónica Alegre, su mamá. Ellas primero escucharon sus gritos, luego vieron los golpes en el cuerpo de Luciano y, por último, la amenaza que le soltó un policía delante de ellas.

La segunda vez fue el 31 de enero de 2009 y no apareció más. Hay dos testigos que aseguraron que lo vieron tirado en el piso, muy golpeado, casi muerto. Ese día hubo ocho policías de guardia, según consta en el libro de actas del destacamento.

La desaparición de Luciano no fue tomada en cuenta por la justicia durante cuatro años. Desde 2009 hasta 2013, la causa estuvo caratulada como averiguación de paradero –lo trataban como a un chico perdido-. Recién el año pasado, sus familiares y abogados lograron federalizar la causa y la carátula cambió: desaparición forzada. Pasó del juez criminal de La Matanza, Gustavo Blanco, al juez federal de Morón Juan Pablo Salas.

La investigación la había tomado la fiscal Roxana Castelli, que fue apartada en 2009. Estuvo acusada de distraer el expediente y delegar la pesquisa en los propios policías del destacamento. A todos ellos, Vanesa Orieta los había señalado como sospechosos de la desaparición de Luciano. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la APDH de La Matanza y los familiares denunciaron a la fiscal pero la causa siguió avanzando por un pantano. También señalaron a la fiscal Celia Cejas, que había intervenido los teléfonos de la madre y la hermana de Luciano. Estaba convencida de que ellas sabían dónde estaba.

Mientras tanto, el destacamento siguió funcionando durante dos años. Eso sucedió pese a que una pericia demostró que los libros de los detenidos habían sido adulterados: nombres tachados y utilización de corrector. Tampoco importó que los perros rastreadores señalaron que Luciano había estado en el destacamento, en un patrullero y en un terreno cercano.

Finalmente, el 1 de febrero de 2013, los policías Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fekter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego fueron pasados a disponibilidad. Todos ellos habían sido apartados en 2010 del destacamento de Lomas del Mirador pero reubicados, por decisión del entonces ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, en otras jurisdicciones.

Junto con el reclamo de justicia y la aparición de Luciano o de su cuerpo, los familiares habían pedido resignificar el destacamento donde pasó sus últimas horas el adolescente. Sobre el fin del 2013 acamparon durante setenta días frente al edificio y lograron que el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, le cediera a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) el inmueble. Allí se construirá un espacio de la memoria.

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